DERECHO A LA VIVIENDA

Estos días estoy observando cómo mujeres luchadoras se organizan, crean espacios de conversación y trabajo colectivo y abren nuevas vías de participación. Mujeres que, desde los sindicatos y los movimientos vecinales, impulsan formas de organización transversales y asamblearias, en Madrid y en otros lugares.

No es algo nuevo. Hace años que sucede. Pero quizás ahora estamos empezando a escuchar con más atención.

Llevamos demasiado tiempo conviviendo con una realidad que conocemos y que, sin embargo, hemos aprendido a aceptar. Personas que no pueden pagar un alquiler, jóvenes que no consiguen independizarse, familias que destinan gran parte de sus ingresos a mantener una vivienda y personas mayores que viven con la incertidumbre de no saber si podrán seguir en su casa.

Sabemos que está ocurriendo. Lo vemos a nuestro alrededor. Y, aun así, muchas veces permanecemos inmóviles.

¿Por qué?

Quizás porque hemos terminado creyendo que las cosas son así. Que no sabemos administrar bien nuestro dinero, que debemos esforzarnos más, que nuestra situación es consecuencia de decisiones personales. Nos culpamos, mientras aceptamos como inevitables unas condiciones que afectan a una parte cada vez más amplia de la sociedad.

Pero ¿hasta qué punto un problema colectivo puede resolverse únicamente mediante esfuerzos individuales?

¿La vivienda es un derecho o una mercancía?

La vivienda es mucho más que un bien inmobiliario. Es el lugar desde donde construimos nuestra vida, criamos a nuestros hijos, descansamos y establecemos relaciones. Sin una vivienda estable, muchas otras cosas se vuelven difíciles o imposibles.

Sin embargo, en una sociedad donde el beneficio económico tiene tanto peso, la vivienda también se ha convertido en un objeto de inversión y especulación.

¿Podemos aceptar que el acceso a un hogar dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada persona?

Existen otros modelos que demuestran que las políticas de vivienda pueden organizarse de maneras diferentes.

Viena ha desarrollado durante décadas un amplio sistema de vivienda municipal y subvencionada. En los Países Bajos, las asociaciones de vivienda sin ánimo de lucro desempeñan un papel importante en la provisión de alquileres sociales. Berlín ha sido escenario de movilizaciones y debates sobre la propiedad de grandes empresas inmobiliarias y el control de los alquileres. En Finlandia, el modelo Housing First sitúa el acceso a una vivienda estable como punto de partida para abordar el sinhogarismo.

Son experiencias distintas, con sus propios límites y dificultades. No se trata de copiar un modelo sin tener en cuenta las características de cada lugar, sino de comprender que existen alternativas y que las decisiones políticas importan.

La pregunta es qué queremos hacer aquí.

¿Qué sociedad queremos construir?

Creo que la vivienda debe ocupar un lugar central entre los derechos que una sociedad está obligada a proteger.

1. Como la sanidad.
2. Como la educación.
3. Como el transporte público.

No se trata de impedir que alguien prospere económicamente. Se trata de establecer límites cuando el beneficio de unos pocos pone en peligro las condiciones de vida de muchas personas.

Necesitamos una sanidad pública que atienda también la salud mental y dental; una educación que potencie la inteligencia, la creatividad y la capacidad de nuestros hijos para encontrar nuevas soluciones; un transporte accesible y unos servicios públicos que permitan vivir con dignidad.

No podemos hablar de igualdad de oportunidades si las condiciones materiales de partida son tan diferentes.

La vivienda condiciona nuestra salud, nuestro tiempo, nuestras relaciones y nuestras posibilidades de futuro. Por eso no podemos tratarla como si fuera un asunto exclusivamente privado.

La responsabilidad también es nuestra

Elegimos a nuestros representantes mediante el voto, pero nuestra responsabilidad como ciudadanos no termina ahí.

Tenemos derecho a preguntar, a exigir explicaciones, a participar y a vigilar qué hacen las instituciones con los recursos y las responsabilidades que les hemos confiado.

La democracia necesita una ciudadanía activa, capaz de organizarse y de construir espacios donde las personas puedan hablar, compartir experiencias y buscar soluciones comunes.

Por eso me interesa lo que está sucediendo estos días. No solamente por las reivindicaciones, sino también por las formas de organización que se están creando y por la posibilidad de que muchas personas dejen de sentirse solas ante un problema que es colectivo.

Quizás despertar también significa dejar de pensar que somos responsables individualmente de todo aquello que nos sucede.

Quizás significa comprender que hay situaciones que solo podemos transformar juntos.

No quiero acostumbrarme a que tener una vivienda digna sea un privilegio. No quiero aceptar que las necesidades fundamentales de las personas queden subordinadas a la especulación.

Quiero creer que todavía podemos construir otra manera de vivir y de relacionarnos con aquello que compartimos.

Y para conseguirlo, primero tenemos que dejar de mirar hacia otro lado.

Porque una sociedad también se define por aquello que decide proteger.